El proyecto surgió por iniciativa del Gobierno de Santiago y fue desarrollado por el Programa de Justicia Restaurativa y Paz Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile y al Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, con el objetivo de implementar una experiencia piloto de mediación penal en la jurisdicción de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.
Hasta la fecha, en Chile las experiencias de justicia restaurativa se habían concentrado principalmente en el ámbito juvenil. Sin embargo, este proyecto permitió explorar su aplicación en adultos, demostrando que la mediación penal puede constituir un mecanismo eficaz de resolución de conflictos, que favorece la reparación a las víctimas, la responsabilización de los ofensores y una mayor participación de las partes en el proceso penal, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU.
El equipo estuvo liderado por la profesora Daniela Bolívar y el profesor Raúl Carnevali, quienes junto a un equipo interdisciplinario trabajaron durante 22 meses en la atención de casos, capacitación de profesionales, diseño metodológico y medición de resultados.
Los hallazgos del informe muestran la pertinencia de avanzar hacia una política pública que incorpore la justicia restaurativa en el sistema penal chileno, ampliando su cobertura territorial y tipología de delitos, y consolidando este enfoque como una herramienta complementaria al sistema de justicia tradicional.
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